Sentencia A. 328/26

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-328/26

 

SOLICITUD DE ACLARACION Y ADICION DE AUTO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Se deniega por no estar enmarcada dentro de los fines de aclaración y adición de sentencias

 

ACLARACION O ADICION SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Procedencia excepcional cuando exista una razón objetiva de duda que impida el entendimiento de la providencia

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala de Seguimiento a la Sentencia SU-235 de 2016

 

AUTO 328 DE 2026

 

Referencia: Sentencia SU-235 de 2016

 

Asunto: acción de tutela instaurada por la Asociación Colombiana Horizonte de Población Desplazada “Asocol” de Familias Desplazadas del municipio de Piedecuesta contra el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Incoder Nacional y el Incoder territorial (Valledupar).

 

Tema: solicitudes de aclaración y adición del Auto 1732 de 2025, formuladas por el Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A.

 

Magistrado ponente:

Juan Carlos Cortés González

 

Bogotá, D. C., veinte (20) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

 

La Sala de Seguimiento a la Sentencia SU-235 de 2026 de la Corte Constitucional[1], en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en especial de las previstas en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1997 y conforme lo ordenado en el Auto 992 de 2025 de la Sala Plena de la Corte Constitucional, dicta el presente auto con fundamento en los siguientes

 

I. ANTECEDENTES

 

a)              Contexto que antecedió a la emisión de la Sentencia SU-235 de 2016

 

1. En el marco del proceso de clarificación de la propiedad sobre los predios ubicados en la antigua Hacienda Bellacruz^[2], a través de la Resolución 1551 del 20 de abril de 1994, el extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria —Incora— declaró que aquellos denominados Potosí, Caño Negro, Los Bajos, San Simón, Venecia, María Isidra y San Miguel eran baldíos^[3], mientras La Mata, Bellacruz, RHIN, Monte Líbano, Caño Ciego, La Ceiba, La Aguardientera, San Juan, El Clavo, Alonso, El Edén, Tapias y Pajaral eran de propiedad privada.

 

2. Aunado a lo anterior, mediante la Resolución 481 de 2013, se declaró la indebida ocupación sobre los predios Potosí, Venecia, Los Bajos, Caño Negro y San Simón por parte de las sociedades Frigorífico La Gloria S.A.S., M. R. de Inversiones S.A.S., La Dolce Vista Estate INC Sucursal Colombia y el Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria[4]. No obstante, mediante las Resoluciones 334 del 19 de febrero y 5659 del 14 de octubre de 2015, el Incoder declaró la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos que resolvieron la clarificación de la propiedad —Resolución 1551 de 1994— y la recuperación de los predios baldíos de la Hacienda Bellacruz —Resoluciones 481 y 3322 de 2013. En consecuencia, la entidad ordenó reiniciar el proceso de clarificación de la propiedad sobre aquellos predios.

 

b)             Acción de tutela y Sentencia SU-235 de 2016

 

3. Acción de tutela. El 8 de abril de 2011, el representante legal de la Asociación Colombiana Horizonte de Población Desplazada —Asocol— presentó acción de tutela contra el Incoder para lograr que dispusiera el proceso de recuperación de baldíos indebidamente ocupados y que, posteriormente, aquellos les fuesen adjudicados a los miembros de la asociación. Frente a esa solicitud de amparo, el 22 de abril de 2015, el Juzgado 010 Civil del Circuito de Bucaramanga profirió sentencia en la que negó, por improcedente, la acción de tutela, sin que su decisión fuera impugnada.

 

4. Medidas adoptadas por la Corte Constitucional. El 12 de mayo de 2016, la Sala Plena de la Corte Constitucional profirió la Sentencia SU-235 y concedió la protección de los derechos al debido proceso administrativo, al trabajo y a la vivienda en condiciones dignas de los accionantes, con efectos inter comunis a quienes fueron desplazados de la Hacienda Bellacruz en febrero de 1996. En consecuencia, esa providencia contempló las siguientes medidas de protección para los derechos amparados:

 

Tabla 1. Medidas de protección dictadas en la Sentencia SU-235 de 2016

 

c)               Proceso ante la justicia especializada en restitución de tierras

 

5. En cumplimiento de la orden sexta de la Sentencia SU-235 de 2016, la URT inició el proceso de restitución de tierras regulado en la Ley 1448 de 2011. Agotada la etapa administrativa ante la URT, empezó la etapa judicial con radicado 68081312100120170017200, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado 001 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Barrancabermeja. Este juzgado admitió la solicitud de restitución el 14 de abril de 2018, mediante auto en que ordenó la suspensión de todos los procesos administrativos, judiciales, notariales y civiles que se estuvieran adelantando sobre los predios respecto de los cuales se solicitó la restitución de tierras, conforme el literal c) del artículo 86 de la Ley 1448 de 2011.

 

6. En marzo de 2024, ante la existencia de oposiciones y conforme el inciso tercero del artículo 79 de la Ley 1448 de 2011, el Juzgado 001 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Barrancabermeja remitió el proceso a la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta para que profiriera decisión de fondo. A la fecha esta aún no se ha emitido.

 

d)             Proceso judicial ante el Consejo de Estado

 

7. Para cuando se dictó la Sentencia SU-235 de 2016 y desde el 30 de octubre de 2013, el proceso de revisión de asuntos agrarios promovido por las sociedades M.R. de Inversiones S.A.S. y Fiduciaria Davivienda S.A.[6] estaba en curso. Estas personas jurídicas solicitaron al Consejo de Estado la nulidad de las Resoluciones 481 y 3322 de 2013, por la presunta ilegalidad e inconstitucionalidad del procedimiento administrativo en el marco del cual se emitieron. El conocimiento de aquel asunto le correspondió a la Sección Tercera, Subsección B, bajo el radicado 11001032600020130016900.

 

8.  Por solicitud de la parte demandante en dicho asunto, mediante auto del 14 de agosto de 2019, posterior a la suspensión de todos los procesos judiciales decretada por el juez de restitución de tierras, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente los efectos de las Resoluciones 481 y 3322 de 2013 que declararon la ocupación indebida de los predios[7] y que constituían la base de lo ordenado en la Sentencia SU-235 de 2016.

 

9. Luego, el 19 de agosto de 2022, el Consejo de Estado fue alertado del trámite de la acción de tutela que originó la Sentencia SU-235 de 2016. Enterado de que contenía determinaciones que impactaban el proceso administrativo en curso, requirió al Juzgado 010 Civil del Circuito de Bucaramanga, como juez de primera instancia en tutela, para que remitiera copia del expediente correspondiente. A su vez, identificó la suspensión procesal emitida en el seno de la jurisdicción ordinaria en su especialidad de tierras y le ofició al Juzgado 001 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Barrancabermeja para que remitiera la providencia que así lo dispuso.

 

e)               Negativa del juez de tierras a decretar la acumulación procesal del expediente tramitado ante el Consejo de Estado

 

10. Mediante proveído del 21 de octubre de 2019, el Juzgado 001 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Barrancabermeja negó la acumulación del proceso bajo su conocimiento y el expediente tramitado ante el Consejo de Estado, ante la solicitud efectuada por la Comisión Colombiana de Juristas, “atendiendo a que con la admisión de la presente solicitud de restitución de tierras, se entienden suspendidos todos los procesos administrativos, judiciales hasta tanto no se emita una decisión de fondo en el presente trámite”.

 

11. Posteriormente, el 27 de noviembre de 2019, la misma autoridad judicial dispuso poner en conocimiento del Consejo de Estado la admisión del trámite judicial de restitución de tierras, del 14 de abril de 2018, “en aras de que si no se ha realizado la suspensión del proceso que compromete los predios pretendidos en restitución de tierras en menores extensiones, se realice de forma inmediata, hasta tanto no se emita una decisión de fondo en el presente trámite”[8].

 

f)                Negativa del Consejo de Estado al levantamiento de la medida cautelar

 

12. Respecto de los autos del 21 de octubre y 27 de noviembre de 2019 aludidos en el fundamento anterior, el 5 de febrero de 2020, la Agencia Nacional de Tierras —ANT— solicitó al Consejo de Estado pronunciarse sobre la suspensión del proceso y abstenerse de ejecutar la medida cautelar decretada el 14 de agosto de 2019. En su escrito, señaló que dicha medida pugnaba con lo ordenado en la Sentencia SU-235 de 2016 y paralizó su cumplimiento en tanto puso a la entidad “en una situación paradójica, al tener que atender disposiciones de dos altas cortes que se contrarían entre sí […] pues [la Corte Constitucional] ordenó continuar con el trámite de recuperación de baldíos iniciado mediante la Resolución No. 481 y No. 3[3]22 de 2013; mientras el Consejo de Estado dispuso la suspensión de esos actos administrativos”[9].

 

13. Frente al particular, las sociedades demandantes dentro del proceso de revisión agraria adujeron que “la suspensión de los procesos en curso, decretada en los procesos de restitución de tierras, no procede de manera automática, ni ope legis, pues se requiere que haya un pronunciamiento por parte del Consejo de Estado”[10]. Destacaron que, en el marco de la restitución de tierras, la suspensión de los procesos judiciales no suprime la competencia de los jueces de cada causa y deja el asunto en el estado en que se encuentre, por lo que la medida provisional adoptada por el Consejo de Estado ha de mantenerse. Dicho argumento fue reforzado con la alusión a que la suspensión provisional de ambas resoluciones es una medida urgente.

 

14. Mediante auto del 7 de junio de 2023, la Sección Tercera del Consejo de Estado (i) decretó la suspensión del proceso de revisión de asuntos agrarios hasta que el Juzgado 001 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Barrancabermeja emita una decisión de fondo[11]; (ii) se abstuvo de remitir el expediente del proceso de revisión agraria al juez de tierras en vista de que aquel dictaminó la suspensión y no la acumulación; y (iii) negó la solicitud de levantamiento de la medida cautelar.

 

g)              Asunción del seguimiento al cumplimiento de la Sentencia SU-235 de 2016 a través del Auto 992 de 2025

 

15. En atención a varias solicitudes de cumplimiento de la Sentencia SU-235 de 2016, que referían la imposibilidad jurídica para continuar con la gestión de su cumplimiento, ante la suspensión de los efectos de las Resoluciones 481 y 3322 de 2013 decretada por el Consejo de Estado, la Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante Auto 992 del 2 de julio de 2025 asumió su verificación por conducto de la Sala Segunda de Revisión, que fue facultada para ejercer el seguimiento a la Sentencia SU-235 de 2016.

 

16.  En esa oportunidad la Sala Plena de la Corte Constitucional advirtió un escenario complejo que impedía el cumplimiento de la decisión judicial, nueve años luego de su emisión, con consecuencias adversas para la satisfacción material de los derechos fundamentales amparados en la Sentencia SU-235 de 2016. Aquel escenario está caracterizado por tres factores concurrentes:

 

Tabla 2. Factores que impactan el cumplimiento de la Sentencia SU-235 de 2016 según el Auto 992 de 2025

 

17. Así las cosas, el Auto 992 de 2025 concluyó la necesidad de la intervención temporal de la Corte Constitucional en este asunto, mientras aquellos tres factores de incumplimiento no sean superados, para efecto de que la Sentencia SU-235 de 2016 sea ejecutada de forma integral. La verificación correspondiente la dejó a cargo de esta Sala de la Corte Constitucional[13].

 

h)             Providencia respecto de la cual se solicita la aclaración y la adición. Auto 1732 de 2025

 

18. A partir de las directrices de la Sala Plena, se dictó el Auto 1732 de 2025 que adoptó medidas para impulsar el cumplimiento de la Sentencia SU-235 de 2016. Para hacerlo, se enfocó en los tres factores que el Auto 992 de 2025 identificó como lesivos del cumplimiento de la referida sentencia. Con el fin de aminorarlos y contenerlos, en su parte resolutiva, el Auto 1732 de 2025 dispuso lo siguiente:

 

 

19. Según informe de la Secretaría General de esta corporación con fecha del 3 de febrero de 2026, aquella decisión fue notificada el día 16 de ese mismo año, por lo que su término de ejecutoria transcurrió entre el 19 y el 21 de enero siguientes.

 

i)                Solicitudes de aclaración y adición efectuadas por el Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A.

 

20. El 21 de enero de 2026, el apoderado judicial del Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A. —GAHLG— pidió la aclaración del Auto 1732 de 2025, puntualmente respecto de los ordinales segundo, cuarto, quinto, octavo y noveno, como también la adición o “complementación” del quinto[14], en el siguiente sentido:

 

Tabla 2. Síntesis de las solicitudes de aclaración y adición, como de sus fundamentos según el escrito de GAHLG

 

II. CONSIDERACIONES

 

21. La Sala de Seguimiento a la Sentencia SU-235 de 2016 de la Corte Constitucional es competente para conocer la solicitud de aclaración y adición interpuesta en el presente caso, de acuerdo con el artículo 104 del Acuerdo 01 de 2025, al haber dictado el Auto 1732 de 2025.

 

Delimitación del objeto de decisión y de la estructura de esta decisión

 

22. A esta Sala de la Corte Constitucional le corresponde en esta oportunidad resolver la solicitud de aclaración y adición de algunas de las órdenes del Auto 1732 de 2025. Para ese efecto, esta providencia (i) reiterará las reglas en relación con la aclaración y la adición de providencias de la Corte Constitucional, para posteriormente (ii) analizar las solicitudes de aclaración y adición propuestas por el Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A.

 

Aclaración y adición de decisiones de la Corte Constitucional. Reiteración de jurisprudencia

 

23. Por regla general, la decisión judicial es invariable con el fin de preservar los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica^[17]. Incluso el juez que la dictó encuentra límite para modificarla. Aun así, se admite que, durante el término de su ejecutoria, a solicitud de parte o de oficio[18], las providencias sean aclaradas o adicionadas, en las siguientes circunstancias:

 

(i)               La aclaración es viable cuando la providencia “contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella” ^[19].

 

(ii)             La adición, puede emplearse en los eventos en que la sentencia o providencia haya omitido resolver un aspecto que, de conformidad con la ley, debía ser objeto de pronunciamiento^[20].

 

24. Ambas figuras son de aplicación excepcional[21] respecto de decisiones de la Corte Constitucional^[22]. Su procedencia está supeditada al apego estricto y riguroso a tres condiciones^[23]:

 

 

25. Ante la falta de satisfacción de cualquiera de estas tres condiciones de procedencia, resulta imposible avanzar al análisis de fondo de la solicitud de aclaración o adición, lo cual implica su rechazo.

 

26. Aclaración de providencias dictadas por la Corte Constitucional. Esta corporación ha sido enfática en que mientras no esté identificada una palabra, frase o expresión que suscite una duda derivada de la parte resolutiva de la decisión, o que incida en ella, no puede pronunciarse sobre un asunto que ya definió^[28]. De esa suerte, para aclarar sus decisiones debe mediar una expresión que ofrezca motivo cierto de duda, pues solo “se aclara lo que ofrece duda, lo que es ambiguo, lo que es susceptible de ocasionar perplejidad en su intelección y, solamente respecto de la parte resolutiva de los fallos o cuando lo expuesto en la parte motiva influy[a] en aquella”^[29], al punto de hacer ininteligible la medida adoptada en las órdenes judiciales^[30]. Entonces, para formular con éxito una solicitud de aclaración es necesario identificar y demostrar que existen palabras o frases que generan duda y provienen de la parte resolutiva de la decisión o inciden en esta^[31].

 

27. Por el contrario, la aclaración no procede para resolver interrogantes sobre el alcance y el sentido de las decisiones adoptadas^[32], o sobre la forma de ejecutar lo ordenado, en tanto la Corte Constitucional “no es un órgano consultivo del Gobierno nacional ni de ninguna otra autoridad pública o persona privada”^[33]. Tampoco es un camino para controvertir aspectos ya zanjados en la providencia^[34], para llamar al juez a ampliar su análisis^[35] o para cuestionar el fondo del asunto ya resuelto o sus fundamentos^[36].

 

28. Adición de providencias dictadas por la Corte Constitucional. En sede de revisión, por regla general, la adición de providencias no es viable. Esto, porque la Corte Constitucional no necesariamente debe pronunciarse sobre todos los asuntos jurídicos asociados a un caso sometido a su conocimiento^[37]. Desde esa perspectiva, únicamente cuando la Sala correspondiente omita resolver algún aspecto verdaderamente trascendental, puede dictarse una decisión complementaria^[38]. Lo anterior amerita la comprobación de la omisión frente a “alguno de los extremos del litigio que debían ser objeto de pronunciamiento”^[39], cuyo desconocimiento puede inferirse que varió el sentido de la decisión^[40]. Aquella cuestión desatendida debe tener incidencia constitucional y ser decisiva para el asunto concreto^[41], y quien propone la adición debe evidenciarlo.

 

29. Aplicación de dichas figuras procesales a decisiones proferidas en procesos de seguimiento al cumplimiento de decisiones de la Corte Constitucional[42]. Aunado a lo anterior, la jurisprudencia ha señalado que, frente a autos de seguimiento al cumplimiento de las providencias de la Corte Constitucional, aunque es viable acudir a figuras como la aclaración y la adición, su abordaje en escenarios de verificación del acotamiento de una orden implica reconocer ciertas particularidades y, en todo caso, un carácter excepcional[43].

 

30. Dado que aquella es una etapa subsiguiente a la definición de un conflicto resuelto por la decisión judicial de la que se busca el cumplimiento, misma que se encuentra ejecutoriada, el cumplimiento no es el escenario para dirimir nuevos aspectos y conflictos, “en tanto que dicho monitoreo no es una actuación contenciosa”[44] en estricto sentido, pues “no se entiende la actuación de cada entidad como parte, sino como responsable”[45] del cumplimiento de la decisión judicial que dictó las medidas por acatar.

 

 

Análisis sobre la procedencia de las solicitudes de aclaración y adición de la referencia

 

31. Las solicitudes de aclaración y adición del Auto 1732 de 2025 suscritas por el Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A., pese al cumplimiento de los requisitos de legitimación y oportunidad, no cumplen la carga argumentativa requerida. Por ende, serán rechazadas en función de los razonamientos que se expondrán a continuación.

 

32. Legitimación. Las solicitudes de aclaración y adición fueron presentadas por el Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A., vinculado al trámite de tutela que originó la Sentencia SU-235 de 2016.

 

33. Al respecto cabe recordar que en el marco del expediente T-3.098.508, mediante auto del 19 de junio de 2014, esta corporación ordenó vincular, entre otras, a la Hacienda La Gloria (Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A.). Luego, al decretar la nulidad de todo lo actuado hasta entonces, el Auto 363 del 24 de noviembre de 2014 dictado por la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, ordenó “al Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala Civil y de Familia que, de manera preferente y expedita reinicie el proceso de tutela […] previa vinculación y notificación de los terceros interesados que fueron vinculados en sede de revisión”, entre los que se encontraba la referida sociedad.

 

34. En acatamiento de esa decisión, a través del auto del 22 de enero de 2015, la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga admitió la acción de tutela y, entre otros, ordenó vincular a Hacienda La Gloria (Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A.)[46]. Desde ese entonces, aquella sociedad ostenta la condición de sujeto procesal en el asunto que originó la sentencia de unificación de la que se busca el cumplimiento. Por ende, el presupuesto de legitimación está satisfecho.

 

35. Oportunidad. Las solicitudes de aclaración y adición fueron formuladas dentro del término de ejecutoria del Auto 1732 de 2025, siendo oportunas. Dicha providencia fue notificada el 16 de enero de 2026[47] y dentro del término legal, durante el 21 de enero de 2026, el Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A. interpuso ambas solicitudes.

 

36. Carga argumentativa. Ninguna de las solicitudes satisface este presupuesto. Para explicar tal conclusión, la Sala abordará la carga argumentativa en relación con (i) la solicitud de aclaración, respecto de cada una de las órdenes frente a las cuales se propuso, y luego (ii) respecto de la solicitud de adición del ordinal quinto de la providencia cuestionada.

 

a)    Sobre la carga argumentativa de la solicitud de aclaración

 

37. La sociedad que busca la aclaración de la providencia enfocó sus cuestionamientos en los ordinales segundo, cuarto, quinto, octavo y noveno. A continuación, serán abordados uno a uno.

 

38. Ordinal segundo. Tal resolutivo dispuso que la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cúcuta, que conoce el proceso de restitución de tierras de los predios que componen la Hacienda Bellacruz, “decrete la acumulación del proceso 11001032600020130016900 de revisión de asuntos agrarios”, conforme el artículo 95 de la Ley 1448 de 2011. Tras la acumulación referida, valorará y determinará si las medidas provisionales decretadas y mantenidas por el Consejo de Estado (autos del 14 de agosto de 2019 y 7 de noviembre de 2023) en el proceso de revisión de asuntos agrarios, deben ser levantadas o modificadas.

 

39. Para quien promovió la aclaración de la decisión, la orden segunda del Auto 1732 de 2025 amerita aclaración por dos motivos. En primer lugar, porque parece convertir la acumulación del proceso de restitución de tierras y del expediente de revisión agraria en un mandato inmediato. A pesar de que la parte motiva destaca que el Tribunal de Cúcuta ha de (i) evaluar y (ii) aplicar la acumulación procesal, el resolutivo la ordena. Entonces, propone que se aclare si a partir de esta orden aquella acumulación es obligatoria para el Tribunal o si reserva margen de valoración alguno.

 

40. En segundo lugar, porque la acumulación procesal del proceso de revisión de asuntos agrarios supone la pérdida de competencia del Consejo de Estado, lo cual pugna con los pilares y objetivos de la justicia agraria —sin especificar cuáles y por qué—, y se forja en desmedro de los intereses de los campesinos, como sujetos de especial protección. Adicionalmente, llamó la atención sobre el hecho de que la negativa a acumular del juez de tierras está en firme, sin que sea “claro cómo el Tribunal de Cúcuta deberá ‘evaluar y aplicar la acumulación procesal […]’ y a su vez, ‘ordenar’ la acumulación […] sí existe una orden –en firme– […] que definió lo contrario”. Al respecto, propuso precisar (i) los procesos que deben permanecer suspendidos durante el tránsito hacia la acumulación, reiterando la única excepción relativa a la expropiación; (ii) los procesos y actuaciones que deben ser objeto de acumulación, incluido el proceso de revisión agraria; y (iii) qué sucederá con las órdenes del juez de restitución que no accedieron a la acumulación procesal.

 

41. Al valorar los argumentos de la solicitante, la Sala concluye que no señaló palabra, frase o expresión que suscitara duda alguna. Menos aún puntualizó una expresión del resolutivo o con incidencia en él. Pareciera incluso que la duda la propone sobre la parte motiva de la decisión, sin señalar una locución específica con incidencia en la parte resolutiva.

 

42. La sociedad interesada orientó su escrito a plantear interrogantes sobre el alcance del resolutivo y las consecuencias de su ejecución, como a sugerir adiciones al mismo. Todo ello, sin identificar la fuente expresa de la duda en la parte resolutiva y sin precisar su alcance. Pese a que alude a una expresión contenida en la parte motiva – “evaluar y aplicar” – no establece cómo esta hace ambigua la expresión “decrete la acumulación del proceso de revisión de asuntos agrarios” contenida en el segundo resolutivo o repercute en él. En esa medida los argumentos del escrito de la solicitud no son conducentes para identificar una ambigüedad de tal magnitud que haga ininteligible la orden emitida, en tanto no justifica la existencia de una vaguedad o ambigüedad trascendente.

 

43. En adición a lo anterior, el solicitante parte de una premisa conforme a la cual la orden no tiene carácter imperativo, al margen no solo de su tenor sino del rol que la Sala le otorgó a esa medida en el esquema de seguimiento, el cual se encuentra previsto no solo en el Auto 1732 de 2025 sino que corresponde al Auto 992 de la Sala Plena de ese mismo año, para contrarrestar la fragmentación procesal que ha impedido avanzar en el cumplimiento de la Sentencia SU-235 de 2016. En ese contexto el segundo resolutivo ordena la acumulación y no en forma accidental sino deliberada, para superar el obstáculo que la tramitación paralela de causas judiciales sobre los mismos bienes ha representado para el cumplimiento del fallo. Así, a partir de una lectura sistemática del auto y de las decisiones proferidas en el seno de esta corporación en relación con el seguimiento, la supuesta tensión entre la parte motiva –que habla de “evaluar y aplicar” la acumulación– y el resolutivo –que ordena decretarla– no constituye una ambigüedad real, menos aun cuando no genera una contradicción material ni afecta la comprensión y la operatividad de lo ordenado. El resolutivo es inequívoco y ejecutable sin necesidad de interpretación adicional alguna, mientras la parte motiva se limita a exponer su fundamento y contexto, por lo que la argumentación de la solicitud es insuficiente.

 

44. Por demás, la solicitud no identifica una expresión ambigua de la parte resolutiva, sino que formula inquietudes sobre las consecuencias de la acumulación procesal y su impacto e interacción con otras jurisdicciones, lo que desborda el objeto propio de la aclaración, sin que la Corte Constitucional esté habilitada para resolver ese tipo de consultas.

 

45. Ordinal cuarto. Dictaminó que la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cúcuta debe definir la priorización del expediente 68081312100120170017200 para la adopción de la decisión de fondo, para lo cual solicitó un informe sobre el estado, turno de decisión, priorización y la fecha estimada para la decisión.

 

46. La solicitud de aclaración parte de la premisa según la cual aquella priorización “debe armonizarse con la garantía plena del debido proceso y, en particular, con el respeto del derecho de contradicción de los terceros con interés legítimo”. A ello adicionó que, pese a ser sujeto procesal en el marco de la acción de tutela que derivó en la Sentencia SU-235 de 2016, el juez de tierras ha reconocido su interés en el asunto y ha descartado al Grupo como opositor, por la ausencia de titularidad registral, lo que le llevó a interponer una acción de tutela. A partir de esa postura, la sociedad solicitante reclama que se indique que la priorización ordenada no puede suponer restricciones indebidas a las partes procesales ni a terceros con interés, y ha de asegurar su defensa y contradicción.

 

47. Para la Sala resulta evidente que la intención de la propuesta de aclaración es la inclusión de una serie de salvedades frente a la priorización ordenada, sin que la peticionaria identifique una expresión de la que surja un verdadero motivo de duda. En su escrito no precisa ni la locución que obraría como fuente de la incertidumbre, ni en qué consistiría esta última. Por ende, la solicitud respecto del ordinal cuarto tampoco cumple la carga argumentativa, por lo que será rechazada.

 

48. Ordinal quinto. Mediante este resolutivo el Auto 1732 de 2025 ordenó a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General de la República diseñar y poner en funcionamiento una comisión especial, comité o instrumento semejante en el marco del seguimiento al cumplimiento de la Sentencia SU-235 de 2016 y la presentación de informes.

 

49. Frente a ello, el Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A. planteó la necesidad de que la Sala aclare que el mecanismo previsto en acatamiento de esta orden no es una nueva instancia, no tiene potestad de decisión sobre el cumplimiento de la Sentencia SU-235 de 2016, ni sobre los derechos sustantivos o procesales involucrados. Así, reclama que en la orden conste “conforme a los numerales 56 a 60 de la parte considerativa del Auto, es la de un mecanismo de acompañamiento, coordinación y apoyo técnico a la Sala, que coadyuva el seguimiento, promueve el diálogo interinstitucional y articula informes, sin producir decisiones vinculantes”.

 

50. Una vez más el Grupo solicitante hace una propuesta de modificación del ordinal, que no responde a la existencia de un término o concepto del que surja una inquietud por el sentido de la medida dispuesta en la orden. Incluso aquella propuesta se efectúa, al parecer, con el ánimo de que en el ordinal conste información que reposa en los fundamentos jurídicos 56 a 60 del Auto 1732 de 2025, sin que la aclaración sea un instituto procesal que permita proceder en aquel modo. Dada la inexistencia de un señalamiento en el escrito sobre alguna palabra, frase o expresión oscura contenida en la parte resolutiva, o con incidencia en esta, se concluye que el Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A. no asumió la carga argumentativa que le es exigible, motivo por el cual frente a la aclaración del ordinal quinto se rechazará la solicitud. El mencionado Grupo pretendió emplear la aclaración de providencias para incorporar información en la parte resolutiva, conforme a su visión del asunto, postura e intereses, sin que esto sea admisible y sin considerar lo expuesto en la parte motiva de la providencia.

 

51. Ordinal octavo. A través de este ordinal la Sala ofició al director de la Agencia Nacional de Tierras para que, en el término de 15 días siguientes a la comunicación de “la decisión que eventualmente adopte” la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cúcuta en el sentido de levantar las medidas cautelares decretadas en el proceso de revisión de asuntos agrarios 11001032600020130016900, presente una ruta concreta de reactivación del proceso de recuperación de los baldíos de la Hacienda Bellacruz y de las labores de su competencia en el marco del presente asunto, sin exceder el plazo de seis meses.

 

52. El Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A. considera que, en su conjunto, la redacción de la orden es ambigua, no es clara, eficaz ni ejecutable porque impide determinar con certeza el estatus actual de las medidas cautelares. Puntualmente, en su criterio, la expresión condicional “la decisión que eventualmente adopte” deja incertidumbre sobre si:

 

(i)               ¿Existe decisión sobre el levantamiento de dichas medidas y queda supeditada a la valoración futura del Tribunal de Cúcuta tras la acumulación procesal?

 

(ii)             ¿Hay un efecto inmediato o directriz que incida, directa o indirectamente, en la vigencia de las medidas cautelares decretadas en sede de revisión agraria?

 

53. Para la sociedad, ambos aspectos son relevantes para establecer el punto de partida de la actuación de la ANT y para efectuar el cómputo del término de los 15 días a los que alude el resolutivo. Además, aun cuando el auto se refiere a la acumulación del proceso de revisión agraria y asigna al Tribunal la competencia para valorar el mantenimiento, modificación o levantamiento de las medidas cautelares, también dispone que debe considerar la conveniencia y pertinencia de la medida provisional. Según su razonamiento, en atención a ello, resulta indispensable aclarar si se ordena o no el levantamiento de las medidas cautelares en el ordinal octavo.

 

54. Frente a esta solicitud de aclaración específica, la Sala encuentra que pareciera que el Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A. identifica una expresión en el ordinal octavo a la que acusa de indescifrable: “la decisión que eventualmente adopte”. Dicha frase se encuentra consignada expresamente en la parte resolutiva.

 

55. Sin embargo, la sociedad que solicita la aclaración no determina con precisión el motivo de la duda que podría generar aquel apartado. Al respecto, no precisa cómo esa frase genera una incertidumbre sobre los dos asuntos que plantea: la existencia de un posible levantamiento de la medida cautelar y el alcance de la orden sobre esta última. Tal asociación entre estos aspectos y la expresión identificada no resulta evidente y el escrito omitió precisarla.

 

56. La Sala encuentra que es evidente que no se adoptó decisión alguna sobre la vigencia de las medidas cautelares en el ordinal octavo. Lo anterior se desprende de su tenor, pues alude expresamente al carácter “eventual”, sujeto a eventualidad o contingencia, de modo que puede o no suceder, respecto de una decisión del Tribunal Superior de Cúcuta sobre el particular. Asimismo, interpretado el auto en su conjunto, la definición sobre las medidas cautelares corresponde a la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cúcuta. En esa medida la solicitud del Grupo interesado no revela una verdadera ambigüedad en el resolutivo, sino una inquietud sobre el alcance de la orden que puede resolverse a partir de su interpretación literal y sistemática.

 

57. Respecto del particular sus argumentos son confusos e impiden discernir en forma certera qué duda emerge de aquella expresión, y menos aún si esta constituye un verdadero motivo de duda, al tornar ininteligible la orden que se dictó. En esa medida, sobre la orden octava el escrito tampoco logró evidenciar una duda derivada de su texto, pues no basta con enfocarse en una expresión del resolutivo, sino que resulta imperativo mostrarla como fuente de incertidumbre y de un motivo real de dubitación. Por consiguiente, frente a este resolutivo el Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A. tampoco satisfizo la carga argumentativa.

 

58. Ordinal noveno. Mediante esta orden puntual se ofició al Director de la ANT para que, en el término de un mes, en coordinación con la URT y los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, y Defensa, elabore un concepto técnico jurídico que contenga (i) un diagnóstico sobre la situación de los predios, incluyendo su disponibilidad jurídica, estado físico y productivo, y condiciones de seguridad para la restitución; y, (ii) en caso de identificar desafíos, debe incluir la viabilidad de mecanismos de adjudicación por equivalencia, considerando (a) los avances en los procesos de focalización y restitución; y (b) las implicaciones jurídicas y sociales de una eventual sustitución de tierras.

 

59. El Grupo solicitante argumentó que se trata de una orden a través de la cual se pretende actualizar la información sobre los predios y beneficiarios, y valorar la procedencia de la restitución directa o, en su defecto, de la adjudicación por equivalencia. No obstante, la autorización de restitución por equivalencia es privativa del Tribunal de Cúcuta. Debido a esto, para el solicitante, es preciso aclarar que: (i) el concepto tiene alcance diagnóstico y orientador, pero no efectos decisorios ni vinculantes sobre el fallo de restitución; y (ii) su elaboración no reabre, sustituye ni interfiere las etapas procesales surtidas, ni con la valoración probatoria del juez natural.

 

60. De otro lado, la peticionaria agregó que este resolutivo debe precisar cómo se armoniza con la orden segunda cuando la Corte ordena al Tribunal de Cúcuta que en un plazo de 20 días tome una decisión de fondo, pero le ordena a la ANT, la URT y los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, y Defensa la elaboración de un concepto técnico que podría sugerir la restitución por equivalencia, en el término de un mes.

 

61. Nuevamente, la sociedad prescinde de la literalidad de la parte resolutiva y motiva de la providencia para proponer precisiones que, a su juicio particular, conviene registrar en la decisión. Lo anterior, sin plantear un motivo real de duda sobre las expresiones contenidas en la orden novena. En cambio, para efectos de la aclaración, el Grupo solicitante propone añadiduras al texto de la orden sin que se encuentren soportadas en una incertidumbre frente a su alcance. Si bien pudiera concluirse que la duda radica en la presunta contradicción en el diseño conjunto de las medidas, la postura del Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A. parte de la idea inexacta de que la Sala ordenó dictar una sentencia de fondo al juez de tierras, en 20 días, sin respaldo en el auto que cuestiona.

 

b)    Sobre la carga argumentativa de la solicitud de adición

 

62. Tal solicitud se concentró en el ordinal quinto de la decisión, cuyo contenido ha sido descrito ampliamente. Bajo la premisa de que el mecanismo que la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República deberán diseñar y poner en funcionamiento para lograr el cumplimiento de la Sentencia SU-235 de 2016, el Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A. propuso “complementar” la orden en dos sentidos:

 

(i)               Que aquel instrumento, “incorpor[e] reglas claras de participación de los afectados […] mediante espacios formales, convocatorias públicas y traslados documentales que garanticen audiencia real, acceso a la información […] y posibilidad de presentar observaciones y evidencia”.

 

(ii)             Que se vincule al proceso de cumplimiento (a) a los trabajadores de la Hacienda Bellacruz, ante el posible impacto social y económico, y la protección de sus derechos laborales se valore al armonizar la restitución de tierras y la adjudicación de baldíos, con la estabilidad social y económica de la región; y, (b) a la comunidad del municipio de la Gloria, incluyendo a sus autoridades locales, que se verían afectadas con la restitución de la Hacienda Bellacruz.

 

63. Frente a ninguno de los dos aspectos el escrito del Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A. explicó la existencia de una omisión constitucionalmente relevante, determinante y decisiva para el sentido de la decisión adoptada en el Auto 1732 de 2025. Tan solo efectuó una propuesta de complemento sobre la orden quinta, fundada en la agregación de ciertas precisiones, según la visión particular de la sociedad. Estas no para resarcir una omisión en el abordaje efectuado en la providencia, sino como una salvedad aditiva cuya trascendencia para el asunto no se explica.

 

64. Tales aspectos no hacen parte de la discusión sobre el cumplimiento. Habida cuenta de que en el marco de la validación del cumplimiento de la Sentencia SU-235 de 2016 se persigue la materialización de derechos ya protegidos por parte de la Corte Constitucional, no son útiles argumentos tendientes a la reapertura de la discusión jurídica sobre aquellos que, en todo caso, ya está zanjada, como tampoco la incorporación de nuevos sujetos o debates. El seguimiento de la Corte Constitucional, tendiente al cumplimiento de la decisión de unificación adoptada diez años atrás, busca adoptar mecanismos que impulsen el acatamiento de lo ya decidido, en pro de su efectividad. La decisión ya fue adoptada e hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, y la etapa actual persigue su cumplimiento, sin lugar a ninguna discusión sustantiva, que escapa a la competencia actual de la Sala de Seguimiento. El Auto 992 de 2025 la facultó para evaluar, diseñar y ordenar mecanismos adecuados de satisfacción de lo ordenado, en consideración de los tres obstáculos significativos que encontró para la materialización de lo dispuesto por la Sala Plena en 2016, sin que la habilitación se extienda al fondo del asunto dirimido, ni a una nueva discusión sobre otros derechos involucrados.

 

65. En función de lo considerado hasta este punto, la Sala concluye que la solicitud de aclaración y adición del Auto 1732 de 2025 no satisface la carga argumentativa que es propia de cada una de esas figuras procesales. Por consiguiente, no es posible avanzar en el estudio de fondo de los planteamientos del Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A., y ambas solicitudes deberán ser rechazadas.

 

III. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Seguimiento a la Sentencia SU-235 de 2016 de la Corte Constitucional,    

 

RESUELVE

 

Primero. RECHAZAR, por falta de carga argumentativa, la solicitud de aclaración y adición formulada por el Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A. contra el Auto 1732 de 2025.

 

Segundo. Por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, COMUNICAR esta providencia a la sociedad solicitante, indicándole que contra la misma no procede recurso alguno.

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

---